Panamá, 2015: del conservacionismo de arriba al ambientalismo de abajo

Panamá, 2015: del conservacionismo de arriba al ambientalismo de abajo

Guillermo Castro H.

 

El año 2015 tendrá una importancia excepcional en la historia del ambiente y el ambientalismo en Panamá. Para apreciar esa importancia, sin embargo, será necesario ver en ese año la culminación de procesos que venían incubándose desde mucho antes, expresada en tres hechos mayores. Uno fue la creación de un Ministerio del Ambiente, en respuesta a una antigua demanda del conservacionismo liberal criollo. Otro, la formación de lo que Joan Martínez – Alier llama un “ecologismo de los pobres”, a través de la incorporación de demandas ambientales en las luchas de los movimientos sociales. Y el tercero – estrechamente asociado a los dos anteriores –, consistió en la ampliación de la cultura y el pensamiento ambientales más allá de la disyuntiva entre la conservación y el desarrollo, tan característica de nuestro pasado reciente.

El conservacionismo liberal, estrechamente ligado al norteamericano, tiene una larga trayectoria en nuestro país, asociada tanto a la presencia en Panamá del Instituto Smithsonian desde la década de 1920 como a la experiencia formativa de nuestras elites en los Estados Unidos y la influencia de grandes ONGs internacionales, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Tiene el mérito indudable de haber encabezado las denuncias contra la destrucción de los bosques en las fronteras interiores de Panamá – eludiendo sin embargo sus raíces sociales y económicas – y la demanda de crear una institucionalidad que responda por la conservación de nuestros recursos naturales, en particular la extraordinaria biodiversidad del Istmo.

El ambientalismo popular tiene un origen más reciente. Quizás – como suele ocurrir – sus primeras manifestaciones pasaron desapercibidas en el clima del conflicto entre conservación y desarrollo, pero sin duda emergió con los preparativos que abrieron camino al proyecto de ampliación del Canal, en 1999. De diciembre de aquel año data, en efecto, la carta que el Obispo de Colón y Kuna Yala, Monseñor Carlos María Ariz, le remitiera a doña Mireya Moscoso, entonces Presidenta de la República, comunicándole que en opinión de campesinos y misioneros de la Diócesis, la Ley 44 de 1999 – que creaba la Cuenca Hidrográfica del Canal incluyendo en ella a los ríos Indio, Caño Sucio y Coclé del Norte -, sentaba las bases para la expropiación de las tierras de los pobladores de sus cuencas, al tiempo que la creación de nuevos embalses afectaría la tierra y su biodiversidad, y destruiría los modos de vida y tradiciones de las personas del área “en nombre del Canal”. Atendiendo a ello, el Obispo solicitaba a la Presidenta garantizar la protección de los campesinos contra los riesgos de una modernización inconsulta, y asegurar que el desarrollo futuro produjera “profunda satisfacción y bienestar social permanente para todos”.

Nunca antes se había escrito un documento así en la historia de cultura ambiental de Panamá. A partir de aquí, resultó evidente que los problemas relativos a las relaciones de la sociedad panameña con su entorno natural —y el manejo de la Cuenca del Canal en primer término— no podrían seguir siendo encarados en una perspectiva puramente técnico-ingenieril y financiera, sino que demandaban un abordaje capaz de incorporar sus dimensiones social, política y ambiental. El país empezó a descubrir, así, la socialidad de sus relaciones con el mundo natural, y el alcance de ese descubrimiento – como el de las contradicciones que alberga – ha sido cada vez mayor.

La resistencia campesina, en efecto, creó una situación que obligó al Gobierno de Martín Torrijos a derogar la ley 144 ocho años después, para proceder a las labores de ampliación del Canal. Para ese momento, se habían multiplicado los focos de resistencia a la expropiación de tierras y aguas en toda la región Sur Occidental del país, y ocurría lo mismo en relación a los proyectos de minería a cielo abierto en Colón y en Azuero. Ese proceso maduró con rapidez en la resistencia del pueblo Gnöbe a la construcción de la hidroeléctrica de Barro Blanco y a la explotación minera de Cerro Colorado, generando un conflicto socio ambiental de una envergadura sin precedentes, como no la tenía tampoco la represión de que fueron objeto quienes protestaban.

La resistencia del pueblo Gnöbe contribuyó a crear una circunstancia moral y política que favoreció su ampliación a otros sectores de la población. En 2015, esa ampliación se expresó tanto en la lucha de la comunidad mestiza de Bugaba, Chiriquí, por su derecho al acceso al agua –amenazada por la construcción de hidroeléctricas -, como por la de pobladores del sector de Juan Díaz, en la Capital, en protesta contra la destrucción de humedales y la construcción de rellenos que generan inundaciones y ponen en riesgo sus vidas y bienes, por empresas inmobiliarias.

Hasta ahora, el desarrollo de la institucionalidad ambiental promovida por el ambientalismo liberal no ha logrado vincularse con las luchas socio ambientales populares: cabría decir, incluso, que ese desarrollo ha generado en esta fase más desencanto que entusiasmo. Más allá de eso, los hechos han desbordado la vieja cultura ambiental liberal, cimentada en el predominio del Derecho Ambiental y la Biología, abriendo espacios inéditos para otros campos del saber como la ecología política y la economía ecológica, para los cuales aún no existe – sin embargo – capacidad de respaldo intelectual local.

La necesidad, en todo caso, creará los órganos necesarios para darle respuesta. En 2015, el ambientalismo panameño pasó de ser local a ser glocal – esto es, a vincularse con la crisis global en términos correspondientes a nuestras realidades locales. Esto se hizo evidente, por ejemplo, en el contraste entre el entusiasmo del ambientalismo liberal y el escepticismo del popular ante los resultados de la Conferencia de Paría sobre cambio climático. Esa tención interna marcará, sin duda, el desarrollo del ambientalismo panameño en el futuro cercano, cuando el proyecto estatal de trasvasar agua del río Indio al lago Gatún nos traiga de regreso – en un escalón superior del proceso – a la temprana advertencia del Obispo Ariz, aún pendiente de verdadera atención por el Estado panameño.

 

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